Cuestionar la Deuda: premisa para democratizar la economía

RESOLUCION DEL CONGRESO DE ANTICAPITALISTAS

 El capitalismo contemporáneo ha sumado, para proseguir su avance, nuevas contradicciones. Fruto de una larga política de huida hacia adelante que, primero, financiarizó la economía y, segundo, socializó las deudas privadas, acarreamos volúmenes insostenibles e impagables de deuda, principalmente privada, pero cada vez más pública.

 Desde mediados de los 90, la sucesión de burbujas condujo a una enorme inestabilidad, resultado de una hipertrofia financiera y crecimiento formidable de capital ficticio, que algún día estaban llamadas a estallar. A partir de 2007, la crisis trajo consigo el agotamiento de este modo de desarrollo extravagante. Junto a un nuevo descenso de la tasa de beneficio los costes financieros se elevaron hasta tal punto que la tasa de ganancia efectiva se resintió, inaugurando una espiral de recesión, estancamiento y, finalmente, deflación.

 Condiciones y límites de las políticas neoliberales y neokeynesianas. Las políticas convencionales difícilmente superaran este lastre. Porque son recesivas, porque destrozarán servicios públicos esenciales, condiciones de vida y trabajo básicas y muchos derechos, y porque en un contexto de decadencia económica, profundizarán los problemas. Si acaso, beneficiarán a unos pocos a costa de todos los demás, hasta niveles desconocidos.

 Las propuestas neokeynesianas también fracasarán por sí solas. Algunos persiguen “hacer sostenible el pago de la deuda”, porque, en efecto, 4,5 billones de euros de deuda son impagables. Las medidas que plantean pasan por una iniciativa de renegociación que sitúa en el lado débil a los países endeudados. Aun cuando plantean un esquema tributario progresivo y redistributivo, o una reestructuración que aliviaría plazos de pago, intereses e incluiría quitas, su alternativa persigue una fuerte –e improbable- reindustrialización económica, no siempre contemplando si eso es compatible con los límites ecológicos del planeta, para tratar de competir a nivel internacional. Su estrategia pasaría por una reactivación económica, un aumento de impuestos a las rentas altas, recobrar superávits primarios suficientes para pagar los compromisos aliviados de la deuda pública, o proseguir una política monetaria expansiva esta vez mejorando las condiciones de acceso al crédito. Quizá también mancomunando a escala europea la deuda y creando los eurobonos.

 Esta estrategia, con medidas razonables, es, sin embargo insuficiente. No tocarían aspectos que podrían volver a crear el mismo problema. En particular, la división internacional del trabajo en el capitalismo global, sin corrección, y una especialización dependiente suponen una desigualdad estructural en los niveles de productividad, que reproducirían de nuevo las condiciones de desequilibrio exterior que empujarían a un nuevo endeudamiento. Más aún en el marco del Sistema Euro, que presiona a una devaluación fiscal y laboral y unos déficits exteriores persistentes. Pero, además, esta solución apenas conseguiría cambiar de lugar la deuda, del nivel estatal al supranacional, si acaso gestionándola de manera más aliviada, sin resolver la desigualdad estructural entre acreedores y endeudados ni la formidable losa que implica.

¿Qué alternativa entonces para la deuda?. ¡Que la paguen los capitalistas!.

La destrucción de capital ficticio es inevitable, como lo es el impacto que causará el volumen de deudas existente. Pero este problema no es sólo económico, es principalmente político. Se pueden poner medidas para dosificar su impacto –mancomunar las deudas- y, sobre todo, se puede contribuir políticamente a que el mismo se cargue sobre una parte de la sociedad o sobre otra. Nos esforzaremos que sean las clases privilegiadas quienes soporten la violencia económica de este golpe. No se trata de hacer sostenible la deuda, sino de conseguir que los recursos económicos de la sociedad estén en manos de las clases populares, de conseguir una economía democrática plenamente soberana al servicio de las necesidades sociales. Para contar con un esquema de criterios recordamos los siguientes:

El capitalismo global apunta a una debilidad del Estado-Nación, insoslayable sin la construcción de marcos supranacionales bajo el gobierno de las clases populares.

No se trata de renegociar cooperativamente, la otra parte no lo hará, sino de emplear la fuerza sociopolítica para conseguir una posición decisiva en cualquier proceso de cuestionamiento de las deudas. A este respecto, merece la pena invocar el volumen sistémico de la deuda española, o la amenaza de una salida del euro, de cara a un proceso de reestructuración.

No es suficiente apelar a una reestructuración, hay que definir su carácter. Se trata de plantear una reestructuración liderada por un gobierno popular, que unilateralmente emplee su soberanía para definir quitas selectivas, repudios y encausamiento de los responsables políticos y beneficiarios.

Se trata de decretar que un porcentaje de la deuda no se pagará por su condición odiosa o ilegítima y se hará reducción de intereses o aplazamiento de la deuda restante.

Señalemos un conjunto de iniciativas:

Decretar una moratoria de la deuda pública y una auditoría ciudadana –en la que participen miembros de organizaciones sociales (como la PACD, el CADTM o el OdG), y expertos elegidos democráticamente-.

Abrir un proceso de evaluación de las políticas públicas para determinar qué porcentaje de la deuda es ilegítima, en base a un vector: la conversión de las deudas privadas en públicas.

Dejar intactos los derechos sobre pequeños ahorradores (menos del 1% del total de la deuda), fondos de pensiones y fondo de reserva de la seguridad social.

Se realizaría una auditoría de las diferentes partidas presupuestarias, identificando los destinos del gasto. Las ayudas y rescates al capital se convertirían en acciones de oro. Las partidas de gasto que sirvieron al interés o enriquecimiento particular o constituyeron un gasto infructuoso serán declaradas deudas odiosas.

Se intentará la concertación de iniciativas similares en otros países damnificados, de cara a fortalecer las medidas unilaterales a adoptar o la fuerza negociadora, en la que se tendrá en cuenta el reforzamiento de la cooperación económica entre los países implicados (en materia financiera, inversiones, comercial, etc…) y el replanteamiento de las relaciones con la UE.

Se realizarán las medidas complementarias que sean precisas: un establecimiento transitorio de control de movimiento de capitales para evitar fugas; nueva regulación del sistema financiero privado para garantizar los depósitos y la función social del crédito, con una cláusula que indique que en caso de incumplimiento supondrá el paso de su patrimonio a un nuevo polo bancario público; una reforma fiscal progresiva que soporte el esfuerzo fiscal principal en las grandes fortunas, rentas del capital y altas; o una política de inversiones masiva para extender infraestructuras e industrias basadas en energías renovables, para reducir la dependencia energética y minorar la emisión de gases de efecto invernadero.