¿Por qué no una auditoría ciudadana de todas las deudas?
DANIEL ALBARRACÍN / ECONOMISTA Y SOCIÓLOGO
Cuando se ha incrementado la deuda pública, ¿por qué no se alude a los rescates y recapitalizaciones bancarias; subvenciones al capital explícitos –como las de la industria a la automoción– e implícitos –como el sistema tarifario que se aplica a las compañías eléctricas–, o las desgravaciones, deducciones y exenciones fiscales al capital –en impuestos, en las cotizaciones sociales, etc.–?
En esto del ‘debe y el haber’ se suele olvidar mirar al lado de los ingresos. ¿Acaso las políticas de recortes no deprimirán más la economía y eso aumentará el déficit público y la deuda? ¿No sería imprescindible cuestionar el modelo de la UE, que con un mercado y moneda únicos, sin sector público que contrarreste las desigualdades, aboca a unos galopantes déficits de balanza de pagos y a un incremento constante de las necesidades de financiación de los países periféricos e, indirectamente, un aumento de presión para endeudarse? ¿Cómo se admite que el BCE financie de manera barata a la banca, mientras ésta recibe unos tipos de interés enormemente lucrativos cuando presta a los Estados? ¿Cómo es que la UE no crea una agencia de calificación de riesgos pública? Aparte, un volumen por determinar de la deuda acumulada es, en términos jurídicos, odiosa, pues ha financiado actividades en detrimento del interés general. No parece comprensible que se hayan preferido gastos militares a sociales o a inversiones sostenibles, que se hayan concedido proyectos públicos a entidades privadas cuando su coste a largo plazo es muchísimo mayor que la iniciativa pública directa. Todo ese conjunto de operaciones dudosas, o que se encuadrarían en prácticas de favoritismo, amiguismo, corrupción, etc., y deberían tener una respuesta penal.
Para poder dimensionar y valorar la deuda contraída contamos con estadísticas, pero sin el recurso a un examen pormenorizado de documentos sería difícil determinar cuál debe ser la actitud ante el fenómeno. Éste es uno de los motivos que debe empujar a la ciudadanía a exigir una auditoría de las cuentas públicas y de las cuentas de los acreedores beneficiados en estas operaciones.
En nuestra opinión, no hay que pagar la deuda. Una primera conclusión a la que debiéramos llegar es que el conjunto de recortes públicos y reformas estructurales que están por venir serán inútiles para enfrentar el pago de una deuda elefantiásica que no para de crecer. Pero, si está tan claro que no hay que pagar, ¿por qué una auditoría ciudadana?
Primero, porque es importante la participación ciudadana para asegurar el control desde abajo en el proceso de examen.
Segundo, por razones de pedagogía social. Gran parte de la población ignora cuáles son las cuentas de la economía o adopta modelos de interpretación estereotipados o confusos. Una medida como la auditoría exige un amplio respaldo y credibilidad social. Y tercero, porque, en un contexto de recortes, puede ser una campaña comprensible y contribuiría a desvelar la trama a favor de la banca.
Hay que detallar por qué, por quiénes y cómo se contrajo la deuda, el montante, las condiciones, tipos de interés, plazos de devolución, garantías, avales, o, por otro lado, a qué se dedicó la financiación. Este análisis nos daría una medida y proporción de deuda que no se debe pagar o se ha de reestructurar.
La auditoría debería exigir al sector público transparencia en sus cuentas, declarar una suspensión temporal del pago de la deuda y abrir un proceso, que durará meses, para escudriñar la documentación y hacer un juicio público encaminado a tomar decisiones sobre qué hacer sobre la deuda pública una vez culminado ese proceso.
En varios países europeos ya se han puesto en pie campañas para impulsar auditorías ciudadanas. Aquí ya se han dado los primeros pasos. Y estamos convencidos